Sanidad Ley de Transparencia

Sanidad Ley de Transparencia Vísteme despacio que tengo prisa

Mariano Avilés

marianoAvilesCuando escribo este artículo acaba de entrar en vigor la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, todos los ciudadanos tenemos la sensación de que España es más opaca que nunca, quizás sea porque ahora tenemos más claro que nunca que no existe transparencia.

Esta norma que en sí mismo debiera ser un acontecimiento nos pilla un poco fríos, sabiendo como se sabe que España es poco transparente y que somos de los últimos países en promulgar una ley como esta, cuya entrada en vigor, según para que estrato administrativo se está demorando de uno a dos años; prisa, lo que se dice prisa no parecen tener mucha nuestros gobernantes en mostrarse transparentes.

De cualquier forma y en el ánimo de ser realista y si cabe algo crítico, a la vista de la moratoria que se ha autoconcedido el legislador ¿podemos albergar esperanza a que el texto sea papel mojado?; la actitud ante una ley como es esta, que afecta a quienes están en las administraciones y organismos públicos, parece mas bien relajada y sin mucho ánimo de aplicarla con prisa y rigor.

Indica el preámbulo de la Ley 19/2013 que la transparencia y el acceso a la información pública y a las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Pretende poner negro sobre blanco como se toman las decisiones y el manejo de los fondos públicos, para que los ciudadanos podamos juzgar la capacidad de sus responsables públicos, porque hasta ahora la regulación existente era insuficiente y no satisface las exigencias sociales y políticas del momento.

Todo lo anterior más parece una respuesta o remiendo a lo que está sucediendo en materia de corrupción que voluntad política propiamente dicha de que los ciudadanos nos enteremos cotejando documentos y simplemente aplicando el derecho a la información, cercenado desde siempre.

Importancia tiene la incidencia de esta ley a la hora de aplicar normas de derecho administrativo que son básicas, como es la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; una vieja reivindicación de quienes como es mi caso, aplicamos esta ley día a día y cuyas carencias se han denunciado hasta la saciedad, pues con el derecho de acceso a la información limitado se fomenta la aplicación arbitraria de este derecho fundamental para la defensa de los ciudadanos; un serio agravio considerando que el mismo lleva implantado en los países de nuestro entorno desde hace más de diez años.

‘‘Pretende poner negro sobre blanco como se toman las decisiones y el manejo de los fondos públicos’’

El próximo 10 de diciembre han entrado en vigor las disposiciones de transparencia de actividad pública para la Administración Central (el Título I de la ley: las obligaciones de proporcionar información, los principios de publicidad activa, la creación del portal de transparencia, la regulación del derecho de acceso a la información y también el ejercicio del mismo para poder formular solicitudes a las instituciones públicas) y el mandato del Consejo de la Transparencia (el Título III).

“El éxito o fracaso de la Ley 19/2013, no depende, para nada, del nivel de exigencia de los administrados, que sin duda lo será, sino de la voluntad política de los administradores”.

Aunque el Real Decreto 919/2014 de 31 de Octubre por el que se aprueba el estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno llegó con ocho meses de retraso, en el momento de escribir este artículo aun se evidencia que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (que debe tener plena independencia y autonomía), no se ha creado por desacuerdo entre las formaciones políticas, lo que hace imposible que el Reglamento para el desarrollo de la ley esté listo porque su texto debe pasar indefectiblemente por el Consejo; nuestra experiencia histórica nos dice que cuando se trata de poner de acuerdo a los partidos políticos podemos estar años pendientes de una decisión, como sucede con frecuencia con la renovación del Tribunal Constitucional.

Pese a las dudas, lagunas, prisas y otras improvisaciones varias, teniendo como base la Ley 19/2013 ya existen Comunidades Autónomas que están debatiendo y aprobando sus propias leyes de transparencia como Andalucía (Ley 1/2014 de 24 de junio), La Rioja (Ley 3/2014 de 21 de mayo) y otras aprobaron sus respectivas leyes aun no estando publicado el texto de la 19/2013 como son, entre otras, el caso de Baleares (Ley 4/2011 de 31 de marzo) o Extremadura (Ley 4/2013 de 21 de mayo).

Comentarios anteriores aparte, el éxito o fracaso de la Ley 19/2013, no depende, para nada, del nivel de exigencia de los administrados, que sin duda lo será, sino de la voluntad política de los administradores para cumplir con esta exigencia comúnmente aceptada desde hace años por los estados más avanzados, a los que parece queremos seguir en su senda de transparencia, pero con tranquilidad. El tiempo nos irá diciendo.

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